Tras la protesta de la mayoría de los partidos políticos de la oposición (en especial del PJ) y una diplomática pero dura acordada de la Cámara Nacional Electoral (CNE), el Gobierno de Mauricio Macri se vio obligado a dar marcha atrás con los decretos que modificaban parte de la legislación electoral. Para evitar que el papelón se complete, el Poder Ejecutivo emitió un nuevo decreto en el que, camuflado en uno de sus artículos, señala que esos cambios serán aplicables recién en las elecciones legislativas de 2021. De todas maneras, y si bien no entrarán en vigencia para esta elección, desde el peronismo adelantaron a Página/12 que continuarán con la denuncia judicial por inconstitucionalidad que tramita en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría, la jueza federal con competencia electoral.

Tal como publicó este diario semanas atrás, prácticamente todos los partidos de oposición habían protestado ante la CNE por las modificaciones dispuestas en los decretos 45, 54 y 55 de 2019, que alteraban la normativa electoral y que habían sido publicados en pleno enero para que pasaran totalmente desapercibidos. Estos cambiaban la votación de los ciudadanos argentinos residentes en el extranjero, así como para las personas privadas de su libertad y también en el caso de las fuerzas de Seguridad abocadas a custodiar los comicios. Antes del decreto, los 100 mil militares afectados a la custodia de las urnas no podían votar y tras la decisión de Macri lo harían entre siete y doce días antes. Los 4 mil presos habilitados para votar sí podían sufragar pero lo hacían el mismo día de la votación. Macri había dispuesto que lo hicieran previamente, en el mismo plazo que las fuerzas de Seguridad encargadas de la elección. Por último, los residentes en el extranjero votaban hasta ahora en el consulado más cercano y el Gobierno pretendía que pudieran votar por correo. Debían enviar su voto en un sobre sin identificación y un mecanismo de identificación en otro sobre separado. Esta decisión afectaba potencialmente a 360 mil residentes en otros países pero según fuentes oficiales sólo 14 mil personas ejercieron su derecho en 2017. Todos los votos anticipados serán contabilizados recién en el escrutinio definitivo. El PJ objetó que no podrán fiscalizar ni hacer ningún control de las identidades a la hora de votar.

Pero además, los decretos modificaban otro punto clave: la documentación probatoria que debía elaborarse el día de la votación, lo que podía afectar la realización tanto del escrutinio provisorio como el definitivo. De tres papeles que debían confeccionarse, todo quedaba reducido a un “acta de votación”, que sería escaneada y transmitida de manera electrónica desde los centros de votación al centro de cómputos. Así dejarían de existir el “acta de apertura y cierre”, y el “certificado de escrutinio”, que llevaba la firma tanto de las autoridades de mesa como de los fiscales. El nuevo documento que pretendía impulsar el gobierno, denominado “Acta de Votación”, sólo sería rubricado por las autoridades de mesa, sin intervención de los representantes de los partidos. “Si no tenés elementos en papel suscriptos por la autoridad de mesa y los fiscales partidarios no tenés elementos de prueba para hacer el escrutinio definitivo en la Justicia”, alertó a este diario uno de los participantes de la reunión de Consejo Consultivo que realizaron los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera a fines de marzo.

En el encuentro con los camaristas, los representantes de la oposición pusieron el grito en el cielo cuando vieron que el Presidente estaba modificando legislación electoral mediante un decreto simple. Más aún cuando el Congreso requiere de mayorías especiales para hacer cambios en esa materia. Con la diplomacia que la caracteriza, la CNE recogió los planteos realizados por los partidos políticos (y también por jueces federales electorales realizados en los encuentros del 6 de diciembre de 2018 y 25 de febrero). Emitió el viernes pasado una acordada en la que elogiaba los intentos del Gobierno por “incorporar tecnología” en el proceso electoral y recordaba que es una postura que ellos han acompañado desde siempre. Sin embargo, ratificaba sus atribuciones sobre la realización del escrutinio definitivo (el provisorio continúa en manos del Ministerio del Interior, pese a los eternos reclamos de creación de un órgano independiente del PEN) y mantenía la necesidad de elaboración de la documentación establecida en la legislación vigente. En concreto, le decía que no se metiera en la confección de esos documentos.

El golpe afecta a la cartera que conduce Rogelio Frigerio, encargado del proceso electoral, y el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, quien se había reunido con los apoderados de las fuerzas políticas el 22 de febrero, a más de un mes de publicados los decretos. Habrá que ver ahora cómo queda el tema del escaneo de los telegramas y su envío por vía electrónica, aspecto sobre el cual alertan distintos especialistas en informática.

Por lo pronto, el Gobierno tiene hasta el viernes para responder en el juzgado de Servini de Cubría, quien le dio curso al planteo realizado por el PJ. El fiscal del caso es Jorge Di Lello. Lo que seguro el macrismo ya debería hacer es borrar de la web argentina.gob.ar el “voto opcional por correo para electores residentes en el exterior”, presentado como un “logro” de la actual gestión.