El oficialismo defendió lo actuado por el Rectorado y el Consejo Superior. Dicen que en realidad Universidad Amplia busca posicionarse políticamente y que “montó una opereta de ‘sentimientos y discursos’ lejos de la preocupación genuina por la perspectiva de género”.

En el documento titulado “Universidad Amplia no aprende, y miente”, el espacio político oficialista asevera: “Hace más de dos años que la mayoría de la comunidad universitaria de la UNLPam le dijo NO a Universidad Amplia, y a una forma de gestionar basada en el discurso único, la apropiación y titularidad de los temas, la anulación de los consensos, la tergiversación de quien disiente, y en no pocos casos, la construcción de una realidad paralela montada en lo que denominan y declaman como ‘la política’, pero que en su caso no es ni más ni menos que la imposición, el agravio, y el desdén por la transparencia, el diálogo racional, y la legalidad”.

El sector defendió lo actuado en el Consejo Superior. El duro documento del espacio que lidera el rector Oscar Alpa asevera: “parece que no aprendieron nada en más de dos años, y retoman ahora la senda de la agresión y la mentira, en un intento de reposicionarse políticamente, y lo hacen de la peor manera, que es manipulando un aspecto central de la visión y misión institucionales de la UNLPam, como lo es la perspectiva de género”.

El largo documento explica el posicionamiento oficialista y plantea que “la mentira esta vez adopta la forma de pretender instalar que la gestión de Rectorado, en cabeza de Proyecto Universidad y construida y cimentada con el acuerdo y acompañamiento de muchos grupos de todos los claustros y sector de la Universidad, quiere negar el Protocolo de Intervención Institucional ante situaciones de violencia de género, quiere anular el trabajo de la Comisión de Intervención del Protocolo, quiere vaciar de contenido y función un espacio clave de y para la institución”.

Dos proyectos

“Afortunadamente, los hechos, y especialmente las palabras, las escritas en proyectos, las que valen más que los discursos rimbombantes o los comunicados de prensa, muestran la verdad”, dice Poryecto Universidad.

Recuerda que en la sesión de Consejo Superior del 12 de agosto, desde el Rectorado se presentaron dos proyectos vinculados al Protocolo: uno, para renovar a las Referentas Responsables (cuyo vínculo contractual venció el 31 de julio), que se aprobó de manera unánime. El otro proyecto, planteando reconocer la vigencia de la integración de la Comisión de Intervención, y además, proponiendo abrir una Convocatoria 2020 para integrar esa Comisión, “pero no para discutir nombres propios o juzgar actuaciones, sino para ampliar las bases de participación y representatividad”.

El oficialismo destaca que la iniciativa propone una nueva convocatoria, para una nueva integración en la que (sin perjuicio de que puedan seguir todas o algunas de las actuales integrantes) haya más estudiantes, y en la que estén representadas (ahora no lo están) las demás sedes o centros de la UNLPam (General Pico, Realicó, General Acha, Telén, Macachín, 25 de mayo, y las que se sumen), la actividad curricular de Educación Sexual Integral de las carreras de Formación Docente de la sede General Pico de la Facultad de Ciencias Humanas, y el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Géneros, “espacio clave en la defensa de los derechos de mujeres e identidades disidentes, que casualmente por no pertenecer al grupo duro de Amplia Humanas Santa Rosa, lamentablemente a la fecha no integra la Comisión”.

“Más representación”

Para el oficialismo, “se caen así las mentiras de Amplia: la de la intención del oficialismo de negar la comisión que continuó funcionando después del vencimiento de su mandato, el 21 de febrero de este año; y la de que hay un embate casi personal con esta comisión, cuando lo que en verdad se busca es hacerla aun más representativa”.

“Algo que a Universidad Amplia, otrora pretendida dueña en exclusividad de las disciplinas, los temas, los derechos, y los espacios de la UNLPam, le cuesta obviamente entender; que una gestión busque que más personas y sectores intervengan, participen, cogobiernen”, remarca el crítico documento.

Describe el derrotero de los proyectos. En la sesión del 12 de agosto se solicitó que ambos fueran para análisis a la Comisión de Legislación y Reglamentos, y un consejero solicitó dictamen previo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad. La totalidad de consejeros y consejeras (“incluidos/as los/as de Amplia”, dice el oficialismo) acordaron. “Si todo el Consejo en pleno decide solicitar la intervención legal del órgano jurídico permanente, ¿es eso una maniobra encubridora del oficialismo? Parece que no, parece que ahí, hay otra mentira de Amplia”.

En la Comisión nombrada, reunida el lunes 24 de agosto, ingresó dictamen de la Directora de Asuntos Jurídicas -una abogada no docente de planta permanente, con más de 20 años en la institución, directora por concurso “y no una funcionaria política del oficialismo” indica el comunicado-, informando que respecto del proyecto de renovación de las Referentas no tenía objeciones legales, mientras que en relación al otro proyecto, y estando involucrada la vigencia del mandato de la Comisión, indicó que requería un poco más de tiempo de estudio.

“Sobre esta base, la de un dictamen legal cuyo pedido fue consentido por todo el Consejo (Amplia incluida), es que un grupo de Consejeros y Consejeras planteó en comisión y de manera coherente sostuvo en la sesión del miércoles 26 de agosto, que no podía resolver sin ese
dictamen”, se quedó el oficialismo.

“Muy por el contrario -lamentó- Amplia forzó un despacho sin dictamen, al que pretendió investir de mística política, se negó a discutir siquiera la posibilidad de esperar una semana a contar con el aporte legal del órgano correspondiente (como manda la ley de procedimientos administrativos, no como se le ocurre a la gestión), y a partir de allí montó una opereta de ‘sentimientos y discursos’ que lejos de estar movidos por la preocupación genuina por la perspectiva de género o el Protocolo de Intervención, esconden la burda y baja intencionalidad política de agraviar al Rectorado, a los decanatos y Consejeros y Consejeras que no son de Amplia, y a quien sea necesario en el afán de reposicionarse y recuperar la conducción de la Universidad”, acusa Proyecto Universidad.

“Discursos hipócritas”

Proyecto Universidad señala en el documento que difundió que Universidad Amplia, “ocupando la gestión de la Universidad en 2017, no fue capaz dedotar de presupuesto al Protocolo y sus órganos de funcionamiento. Como tampoco sus decanatos, entonces o los actuales, jamás sugirieron o propusieron herramientas o espacios para el funcionamiento de la Comisión de Intervención o las Referentas”.

“Fue esta gestión de Proyecto Universidad la que planteó recursos para el funcionamiento del Protocolo en los presupuestos 2018 (porque se aprobó en agosto del mismo año) y 2019; se ocupó de las contrataciones de las Referentes por los períodos 2018/19 y 2019/20”, se jacta el actual oficialismo.

Indica que “aun precariamente, facilitó los espacios de Rectorado en ambas sedes, para el funcionamiento y reunión de las integrantes de la Comisión y las Referentas; anotició a la Comisión y las Referentes de diferentes alternativas de financiación a través de programas nacionales; dispuso recursos presupuestarios de otras partidas y dependencias del Rectorado para traslados, insumos, papelería, a fin de llevar adelante la difusión de las actividades de concientización del Protocolo”.

“Por supuesto que lo hecho es lo que corresponde a una gestión que respalda con acciones su compromiso institucional con la perspectiva de género: pero la que lo hizo fue la gestión de Proyecto Universidad, no las de Amplia en Rectorado o en las Unidades Académicas. La responsabilidad institucional, especialmente en el sostenimiento de políticas centrales y transversales como lo es la de género, demanda la toma de decisiones racionales, serias, legales”, enumera.

Insiste en que “el Consejo Superior no es soberano, es un órgano de gobierno de una universidad autónoma, e igualmente sujeta a un régimen jurídico. De otra manera la institución sería tan solo un reservorio de imposición de voluntades, un reducto del pensamiento mágico y único, un reflejo de quienes logren ganar y/o forzar su opinión sobre quienes no lo hagan: tal vez sea ese el modelo de universidad que quiere Amplia, pero desde la gestión de Rectorado tenemos la convicción y tranquilidad de que no es el modelo que pidió la mayoría de la comunidad universitaria”.

“Y es por todo eso que los y las Consejeros y Consejeras y Decanatos que trabajan y colaboran dentro o con la gestión, las personas y grupos a quienes representan, y quienes hoy tenemos la responsabilidad de gobernar el Rectorado de la UNLPam, mantenemos el convencimiento de que el camino es este: el de una política racional, el de una gestión seria y transparente, el de los hechos y no los discursos hipócritas. El del trabajo para seguir construyendo una mejor universidad pública, gratuita, laica, inclusiva y de calidad”, completa el comunicado.

FUENTE: ELDIARIODELAPAMPA

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