Los funcionarios judiciales pretenden cerrar la investigación con el pago de una multa, que, aclaran, no implica que se declaren culpables de haber cometido el hecho que se les imputa.

Los jueces Miguel Vaggue y Pablo Balaguer, el fiscal general Guillermo Sancho, el empresario Carlos Ruiz y el abogado Marcelo Molín, hicieron una oferta de reparación a través del pago de una multa en el marco de la causa en la que están imputados por haber violado la cuarentena obligatoria el pasado 20 de julio, día del amigo, en un encuentro en una vivienda de Santa Rosa.

El abogado José Mario Aguerrido -que patrocina a los cinco- confirmó este martes la presentación en una entrevista en LU 100, aunque aclaró que el intento de reparación de manera alguna implica una admisión de culpabilidad.  En caso de que no se acepte la reparación, los involucrados pidieron la «nulidad» de la denuncia.

El abogado explicó a El Diario que la presentación apunta a utilizar un recurso que se denomina «principio de oportunidad” y que «no implica la admisión de culpabilidad”. «Esta es una salida legal. No es que el que tiene plata hace lo que quiere», alegó para no mencionar la cifra ofrecida como reparación.

En la causa se presentó como querellante el estado provincial. La denuncia la hizo en su momento el subsecretario de Salud, Gustavo Vera. Este martes Aguerrido sostuvo que la denuncia que hizo el funcionario «viola la ley» porque usaron datos que brindó un paciente contagiado para formularla.  En primer lugar, el fiscal Máximo Paulucci se apartó de la investigación por una relación de amistad con Sancho. Ahora la tiene el fiscal general Jorge Marcelo Amado, que designó para instruirla a uno de los fiscales a su mando, Andrés Torino. La fiscalía tiene tres días para resolver la presentación del abogado defensor.

La presentación, una multa

El abogado Aguerrido deslizó que «a lo mejor la política mete la mano» en la causa. Y anunció que hizo una presentación el lunes por la tarde para buscar una salida alternativa ante la causa iniciada por la supuesta violación de la cuarentena, atento a una resolución de la Procuración Nacional del mes de mayo, que aconseja este tipo salida.

«Dada la cantidad de causas se permiten salidas alternativas como el pago de una multa para evitar la tramitación de una acción. Hay una oferta de reparación. Esta norma se ha venido aplicando en forma automática en prácticamente todas las causas», dijo en la radio.

La multa se destinaría al fondo solidario creado por el gobierno provincial para atender, justamente, los efectos provocados por la pandemia.

«No había menores de edad y eran seis hombres», aclaró Aguerrido sobre la reunión. «Estaban los seis, pero no había menores más allá de cuestiones de salud que atraviesen y que no está relacionada con esta cuestión», insistió.

Aguerrido confirmó que el fiscal que interviene en la causa es Andrés Torino. «Han allanado domicilios y secuestrados teléfonos en un procedimiento normal, como si el acusado fuera Juan Pérez. También allanaron el comercio de Ruiz en Santa Rosa», destacó.

El letrado dijo que el pago de la multa que se ofrece «no significa que sean responsables o culpables de algo». «Esto es una salida alternativa, ante delitos como este, de seis meses a dos años de pena. La probation y el principio de oportunidad son salidas alternativas», explicó.

Con respecto a la presentación del estado provincial como querellante, coincidió con el fiscal Amado: «Me llama la atención». «Nunca el estado reclamó nada a título de querellante en la causa de la cuarentena y tampoco en infinidad de causas lo haya hecho en situaciones de desfalco al estado provincial. No es habitual que se presente como querellante», comparó.

«No quiere decir que el estado no pueda, a mi me llama la atención. Esto es más efectistas que efectivo. Me extraña. El estado tiene un sinfín de problemas que no son atender esta cuestión», opinó.

 «Aquí se aplicaron las mismas cuestiones que se le aplican a cualquier vecino», insistió.

La presentación, aclaró, «no es un juicio abreviado». «No existe proceso, pagamos la multa, y listo. No estamos diciendo que sean culpables», aclaró. «Es lo mismo que el mismo Ministerio Público tiene previsto para este tipo de causas», reafirmó.

Críticas a Vera

Por otra parte, dijo que la denuncia del subsecretario Gustavo Vera y la actuación de Salud Pública «viola la ley». «Hay que mantener el anonimato de las personas afectadas por la pandemia. Son derechos de los pacientes. Eso está garantizado en el código penal, los funcionarios violaron la ley de habeas data, de derechos esenciales del paciente», dijo.

«Nada de esto se hizo. Ruiz es una persona enferma», graficó. «Un médico no puede denunciar a un paciente que tiene algo producto de un delito. Y en todo caso tendría que ser relevado del secreto profesional. Ruiz les dio los elementos para que después lo imputen. Eso es violatorio de la ley», insistió.

«La persona que recurre a Salud Pública no puede ser imputada de un delito después a partir de la información que da. La denuncia de Vera es clara acerca de como obtiene la información. No puede haber causa», fundamentó.

«Esto es nulo desde el arranque. Tiene que desestimarse esta denuncia porque se hace en base a la declaración de Ruiz en la investigación epidemiológica. Con el agravante de que no le advirtieron eso. Hay una autoincriminación. Esta causa tiene que ser desestimada«, reclamó.

«Ofrecí una reparación porque fue un deseo de ellos pero esta causa no se tendría que haber iniciado», finalizó.

El principio de oportunidad

Está referido a las facultades de actuación del órgano de la acusación pública en el ámbito del proceso. Es aquél que permite a los órganos del Estado dejar de perseguir o de condenar a los responsables de determinadas conductas tipificadas como delito o falta, o hacerlo con penas más leves o medidas distintas, cuando se den condiciones precisamente especificadas en la ley (la llamada «oportunidad reglada») o libremente apreciadas por dichos órganos.

El Ministerio Fiscal, por tanto, independientemente de que se hubiese conocido la existencia de un hecho de apariencia punible y de que apareciesen unos presuntos autores del mismo, podría, al amparo de este principio, no ejercitar la acción penal o cesar en su ejercicio al principio de la investigación o antes de que se celebre el juicio, mediante una negociación entre el acusador público y el acusado al que se le ofrece algo (penas menos severas, sustitución por otras medidas, etc.), a cambio de evitar el proceso y el juicio.

FUENTE: ELDIARIODELAPAMPA

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