Investigarán las entregas realizadas por el Ariel Puy Soria al frente de la Secretaria de Tierras desde el 2007. El Ministerio Público Fiscal investigará este organismo ante la posibilidad de que se hubieren cometidos ilícitos de naturaleza penal.



Por la Acción de Amparo interpuesta en contra de la Secretaría de Tierras y Hábitat Social, la Dirección Provincial de Catastro, y el Sr. Marco Perera Llorens, la justicia resolvió que estos últimos no pueden apropiarse de los bienes inmuebles que pertenecen al dominio público.
Como consecuencia el Tribunal Superior de Justicia declaró la inexistencia legal de los trámites tendientes a la adjudicación de inmuebles a favor de Marcos Perera Llorens, y ordenó que se deje sin efecto la inscripción de las escrituras públicas que adjudicaron tales bienes de manera irregular, y el bloqueo en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Para el Tribunal Superior de Justicia (T.S.J.) el Cerro de la Cruz pertenece al patrimonio común del pueblo de La Rioja, no debiendo ser tomado de manera exclusiva por cualquier ciudadano y, por lo tanto, no puede ser adquirido por usucapión, ni por ninguna otra forma de regularización dominial, ni el Estado, a través de sus organismos, puede disponer del mismo.
Esta situación del Cerro de la Cruz y su apropiación por los particulares, con la participación de la Secretaria de Tierras, refuerza la conclusión de ilegalidad del procedimiento advertido por la justicia.
Asimismo, se advirtió que este no sería el único caso de apropiación irregular de bienes del dominio público, por lo cual el T.S.J. ordenó remitir todos los antecedentes al Ministerio Público Fiscal a los fines de que se investigue y establezca si se han cometido delitos con este tipo de maniobras sobre tierras y decida qué curso de acción seguir; por lo que se libró un oficio a la Secretaría de Tierra y Hábitat Social a los efectos de que remita al Ministerio Público Fiscal la nómina, todos los antecedentes, y los expedientes de regularización dominial y saneamiento de títulos, que obran en poder de esa Secretaría, desde la fecha del Decreto FEP 118 (27 de diciembre de 2007), hasta el presente, a los efectos que el Ministerio Público Fiscal adopte el curso de acción que estime corresponder en función de las normas legales vigentes.
FUENTE: FENIX951

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