En fallo unánime, el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego avaló el cobro del impuesto inmobiliario en manos del Gobierno Provincial, devolviendo esa facultad, en orden a considerar que la Ley 1075 “se encuentra ajustada a derecho” y, por lo tanto, desestimó el planteo de inconstitucionalidad que presentaron los municipios.

La sentencia cuenta con el voto fundamentado de la jueza María del Carmen Battaini y la adhesión de los jueces Gonzalo Sagastume y Javier Muchnik. Allí además se aconseja que la “resolución definitiva del conflicto exige la concurrencia armónica y el esfuerzo conjunto de ambos órdenes de gobierno involucrados, a fin de que en su órbita natural den cumplimiento a los objetivos previstos en la propia Ley 1075”, prohibiendo la “doble imposición” a los contribuyentes.

En el voto, la jueza Battaini aclaró que la sentencia del Superior Tribunal no afecta la autonomía de las municipalidades.

El fallo fundamenta que “corresponde a las provincias, con carácter exclusivo y de manera permanente, los impuestos directos” y que por “imperio de las normas constitucionales, los impuestos directos corresponden a la potestad tributaria de las provincias” al establecer el artículo 121, de la Constitución Nacional que “éstas conservan todo el poder no delegado por la Constitución al Gobierno federal”.

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