El referente señaló que plantearán la inconstitucionalidad de la suspensión del reajuste aplicando la fórmula anterior.

 

AJUSTE Semino dijo que al suspender el reajuste, pese a que están definidos los coeficientes de suba del 25% para marzo y junio, esa mejora quedará de lado

 

El defensor de la Tercera Edad, Dr. Eugenio Semino, mantuvo un diálogo exclusivo con EL LIBERAL en el cual cuestionó la suspensión de la movilidad jubilatoria, a la cual definió como “una muy mala medida” a la par que indicó que realizarán desde ese foro una presentación judicial planteando “la inconstitucionalidad de la norma”.

El referente de los jubilados señaló que si continuara la movilidad, ya que los porcentajes de aumento están predeterminados para marzo y junio del año próximo, a los jubilados les llegaría un incremento de casi un 25% sobre sus salarios actuales. Pero, en lugar de eso, ahora se les otorgará la suma de $5.000 en diciembre y enero. En ese sentido se preguntó si porqué, además de pagarle esos $5.000 en forma simultánea no se seguía adelante con la movilidad para otorgarles un beneficio aún mayor a los jubilados, hasta tanto surja una nueva fórmula de calcular los reajustes.

El Dr. Semino dijo sobre la suspensión de la movilidad que opera con la aprobación de la Ley de Emergencia que se aprobó en el Congreso, que “no es una buena metodología, por varios aspectos. En primer término porque los jubilados vienen de un proceso del anterior gobierno, donde perdieron más de 20 puntos de poder adquisitivo, más concretamente 20 puntos contra la inflación en 2018 y este año algunos puntos más, por lo cual la fórmula de movilidad que se suspendió basada fundamentalmente en inflación y reajusta precisamente con los índices de este último semestre, tiene consolidados índices importantes para el mes de marzo el 11,54% y entre el 13 a 15% para junio de 2020, por lo cual ya habría un aumento consolidado de 25 o 26 puntos, lo que implicaría recuperar algunos puntos de lo que perdieron en el período anterior”.

Puntualizó que “en razón de estos índices que ya están consolidados, ya es un derecho adquirido por los jubilados con lo cual se podría haber debatido la fórmula y hacer una nueva ley de movilidad si así se quería, sin suspender los efectos de ésta, porque sino el problema que acontece es que nos ponemos en una situación similar de litigiosidad a lo que fue el oprobioso diciembre de 2017, cuando se hizo un cambio de fórmula también en un día, con una sesión escandalosa, y ahí con el gobierno anterior se perdió la actualización de un semestre, que fue el período de septiembre de 2017 a marzo de 2018, porque no se puede aplicar una ley con efectos retroactivos. Vale decir que cualquier ley que se dicte en el primer semestre del año que viene, va a generar efectos hacia adelante, por eso creo que es una muy mala medida”.

Señaló que al margen de los planteos judiciales respecto de la inconstitucionalidad de la suspensión que harán, “le planteamos al Poder Ejecutivo y para evitar males mayores, que en los meses de marzo y junio, mientras discuten la nueva fórmula, se debiera pagar los reajustes con los índices ya devengados, ese 11,5% y alrededor de 15% en junio, porque ya están devengados, los conocemos todos. Eso evitaría un problema mayor”.

Por otra parte, dijo que “el tema de fórmulas en sí, son de reajuste, son meros reajustes para que no pierdan demasiado con la inflación. Pero esto es histórico, porque inclusive la anterior fórmula de 2017, también perdieron con la inflación en 2012 y en 2014. Hay algo que debieran advertir los políticos: mientras haya procesos inflacionarios tan altos no hay fórmula que resista. Van a tener que traer a Mandrake para encontrar una fórmula”.

“Vamos a plantear la inconstitucionalidad de la norma”

El referente de los jubilados, Eugenio Semino, se refirió también a la discrecionalidad para otorgar aumentos a determinados segmentos salariales de los jubilados e indicó que harán un planteo de inconstitucionalidad por la suspensión de la fórmula anterior y por la situación salarial que se genera al aumentar sólo a algunos jubilados y no a la totalidad.

“Nosotros planteamos la inconstitucionalidad de la norma. Ahora no tenemos días hábiles porque se tiene que hacer la publicación de lo que aprobó el Congreso, no tenemos días para poder llegar a concretar la medida”, indicó.

Puntualizó que “dar más aumento a los de la mínima, en realidad contradice los principios de un sistema de reparto y solidario como es en nuestro caso, que es un sistema de reparto asistido. Porque en este sistema guardar la proporcionalidad y equidad son elementos fundamentales”.

Destacó que quien “gana $40 mil con respecto del que gana $14 mil ó 20 mil, responde a la hisotria laboral de cada uno. No es que el que gana $40 mil sea un privilegiado en relación con el que gana $20 mil, es un disparate que lo puedan decir funcionarios o gente que esté legislado. Porque si alguien trabajó más años o aportó más dinero en una categoía más alta en el sistema, evidentemente va a recibir un haber más alto. Esto es así en el mundo, en toda la seguridad social”.

Destacó Semino que “al aumentar las mínimas y no el resto, algo que ya se hizo entre enero de 2002 a diciembre de 2006”, los salarios se amesetaron. “En enero del 2006, la Corte, en el primer caso que le llegó de Adolfo Badaro, exhortó al Congreso a generar una norma general para reajustar todo ese período a los que no se les pagó el porcentual que se les abonaba a los de la mínima”. Pero, “el Congreso no hizo nada y en 2007 la Corte dictó el fallo Badaro que establece como una fórmula de actualización de aquel período la variación del salario del trabajador activo y daba el 88,6%”. Agregó que “también exhortó al Congreso a sacar una norma para los otros 2,5 millones que tenían el haber congelado. En 2008 el Congreso sacó la primera ley de movilidad. En ese momento festejó mucho quien era el director de Anses que es el actual presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) quien ahora festeja la suspensión”.

“El bono de $5.000 es pan para hoy y hambre para mañana”

Con respecto de los bonos de $5.000 que anunció el Gobierno nacional que se pagarán en diciembre y eneron en tanto se legisle un nuevo sistema de reajuste para los salarios de los jubilados, señaló que “con haberes tan bajos, cualquier peso que entre al bolsillo del jubilado, bienvenido sea”.

No obstante, agregó que “ese tipo de bonos se dieron también en 2011, en 2012, en 2014 y en 2016 y siempre hicimos la misma reflexión. El bono es pan para hoy y hambre para mañana porque quienes llegan a los $19.000 en estos dos meses, resuelven algunas cuestiones de su vida cotidiana, deuda y demás, pero si no se mantiene, si no se apalanca ese reajuste momentáneo, en febrero vuelven a la triste realidad, vuelven a contraer las deudas saldadas anteriormente”. Añadió Semino que “me parece que hay que buscar formas más permanentes, aunque fueran escalonadas, pero que se integren siempre al haber previsional. Aunque sea menor dinero, pero que quede integrado al haber, porque si se da un bono X, si en lugar de $5.000 se da $2.000 o se da lo que fuere, y queda integrado al haber, entonces el siguiente reajuste va sobre ese monto. En cambio, el reajuste de marzo si no se usa el índice de reajuste anterior se da sobre los $14.000. Es una base mucho menor”.

“El monto de las jubilaciones mínimas es ridículo en este país”

“El monto de las jubilaciones mínimas es ridículo en este país. Nosotros hacemos desde hace 10 años las canastas de gastos de los jubilados para grandes ciudades y la última medición de octubre de este año dio $36.800 con lo cual los $14 mil ó $20 mil que ganan es ridículo. El jubilado tiene que trabajar hasta el dia de su muerte en los peores empleos para tratar de cubrir sus necesidades”, señaló Semino.

Destacó que “la Argentina tiene una historia muy lamentable con su sistema jubilatorio, que no hay que repetir. Todos sabemos que hay problemas, que los resultados de la anterior gestión fueron desastrosos. Pero más allá de eso, hay que ver cómo resolver esas estructuras porque sino profundizamos esos desastres y los convertimos en catástrofes”. Puntualizó que el auxilio para casos como estos, “es el Fondo de Sustentabilidad que era el recurso que debía apelarse para estos casos -de desfasajes cuando se sustancian nuevas fórmulas de reajuste-, pero ni la anterior ni la última gestión lo usaron para eso sino que lo fueron liquidando, financiando al propio Estado nacional. No hubo un solo peso desde que se creó en 2007 hasta ahora, que haya ido al bolsillo de los jubilados. Es un fondo que llegó a tener U$S63 mil millones y hoy no llega a una cuarta parte de eso”.

Fuente: ElLiberal

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