La confirmación de que el Gobierno provincial ya les comunicó el inminente fin de la actualización automática de salarios a los secretarios generales de los gremios estatales puso en pie de guerra a los opositores dentro de los sindicatos.

En una nota que publicó La Voz, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Ricardo Sosa, reconoció dificultades de la Provincia para seguir con el mecanismo salarial.

Los dirigentes de las principales organizaciones gremiales, como la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y el propio Sindicato de Empleados Públicos (SEP), anticiparon ayer que no quieren que les ofrezcan bonos para compensar, pero evitaron deslizar cuál será la propuesta que llevarán a la mesa de negociación.

Sin embargo, más activos, los opositores dentro de esos gremios salieron a rechazar la posibilidad de dar por caída la indexación de los salarios por inflación, aunque la Provincia ya haya tomado la decisión de no renovar. El acuerdo firmado en el primer cuatrimestre con los estatales le permite este golpe de timón ante la caída de la recaudación provincial.

En el SEP, el opositor de la lista Bordó, Marcelo Benavídez, criticó la decisión y anticipó que reclamarán una asamblea al titular del gremio, José Pihen.

“Nosotros no aceptamos de ninguna manera que se nos saque la cláusula gatillo, nosotros queremos la cláusula gatillo y exigimos un aumento salarial como mínimo del 50 por ciento”, dijo Benavídez.

“Los empleados públicos no damos más, somos indigentes encubiertos. Están haciendo que paguemos la crisis los trabajadores y nosotros no fuimos los que la generamos”, agregó.

Los trabajadores estatales ganan “en promedio 20 mil pesos”, según Benavídez. “Un compañero con 17 años de antigüedad gana 27 mil pesos, sin nombrar el ejército de becarios y monotributistas”, aseguró.

En la misma línea, pero en el gremio docente, la candidata a secretaria general por el Frente de Unidad por la recuperación de UEPC, Anabel Allochis, señaló que los maestros deben “conquistar un salario actualizado por inflación y no perder la cláusula gatillo”.

Allochis indicó que en 2018 el Gobierno “usó la maniobra de la recaudación para recortar el salario” y que a esta situación ya la habían advertido a principio de año durante la negociación que firmó el titular de UEPC, Juan Monserrat.

Por su parte, Daniel Moccia, candidato de la lista Pluricolor, dijo que como mínimo debería plantearse en la negociación “para el último cuatrimestre una franja escalonada entre 10 y 12 puntos de actualización”.

Ambos opositores participarán de las elecciones del gremio en agosto y plantearon que no es casual que en el acta paritaria el vencimiento de la cláusula gatillo y la renegociación hayan quedado para después de la elección provincial. Responsabilizaron a la conducción gremial y al Gobierno.

“Monserrat en los últimos años ha priorizado arreglos salariales a la baja. El gobierno tiene al 50 por ciento de los docentes debajo de la línea de pobreza”, apuntó Moccia.

“El sindicato fue el que diseñó el acuerdo junto al Gobierno. Han elegido cuidar las finanzas del patrón”, opinó Allochis.

Piden un plan de lucha

Asambleas antes de decidir

Los delegados disidentes quieren que las conducciones gremiales convoquen a asambleas de delegados antes de sentarse a renegociar los salarios con el Gobierno provincial. En el caso del SEP, la negociación comienza en agosto, mientras que los docentes deberían hacerlo en septiembre, según el acuerdo paritario.



fuente: lavoz