En medio de la campaña electoral, el Gobierno volvió a instalar la necesidad de recortar las pensiones de invalidez, bajo el supuesto argumento de que necesita “sanear” el sistema. Con un fallo judicial adverso sobre sus hombros y luego de ampliar la lista de requisitos y trámites para los beneficiarios, ahora la Agencia Nacional de Discapacidad estableció un nuevo circuito burocrático a futuro para los beneficiarios, que de acuerdo a las organizaciones que acompañan a las personas con discapacidad “no tiene un efecto retroactivo”.

La resolución 39/2019, fechada el 31 de enero, establece la creación del Circuito de Confección del Certificado Médico Oficial (CMO), como así también del nuevo Formulario Certificado Médico Oficial (CMO). Ambos mecanismos fueron presentados por el gobierno en distintas declaraciones periodísticas como un “control de fraudes”, para verificar los certificados presentados por quienes hoy son beneficiarios de las pensiones no contributivas, los que cifró en más de 1.5 millones de personas. Sin embargo, la resolución aclara que el sistema de trámites aplica para todas las solicitudes “que se inicien a partir de la publicación de la presente”.

“Es necesario llevar tranquilidad a les titulares de pensiones por invalidez que tienen certificado de discapacidad: este trámite no es para control como se publicita en algunos medios, rige para el futuro, como lo dice claramente el artículo 3 de la resolución y como lo garantiza el principio de irretroactividad de la ley, piedra angular del estado de derecho”, explicó a Página/12 la abogada de Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Varina Suleiman, quien insistió en que la medida mantiene la idea de “recortar derechos a futuro” con más trámites burocráticos.

Al momento de comunicar los efectos de la disposición, el Gobierno barajó también la posibilidad de redactar una nueva normativa para obligar a los beneficiarios a que actualicen su certificado médico y que registren su condición online.

Para Suleiman, una decisión de este tipo sería ilegal porque implicaría un efecto retroactivo sobre acciones pasadas, ya verificadas a partir del certificado médico, entendido como un “instrumento público”. “Para hacer caer su validez se necesita un juicio civil”, aseguró a este diario. En cambio, propuso al Gobierno “ponerse a legislar la protección social de las personas con discapacidad”, teniendo en cuenta que hay proyectos en la Cámara de Diputados, como el de la legisladora Lucila Masín. “Les pedimos también que se revea la Agencia, que fue creada por un DNU, y reclamamos que haya una perspectiva de derechos humanos, que hoy no hay”, aclaró la abogada.

El recorte a las personas con invalidez es uno de los objetivos que persigue la administración de Mauricio Macri desde el primer día de gestión. En 2017 la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, dio de baja 170 mil pensiones por invalidez, medida que luego fue rechazada por el Poder Judicial. El Ejecutivo apeló el fallo de la jueza Adriana Cammarata, que le exigía restituir en un plazo de diez días todas las pensiones, y estableció que todo aquel que hubiera sido notificado de una baja, se presentara a realizar nuevamente el trámite.