Un impactante juicio comenzará hoy en Comodoro Py con Lázaro Báez y sus hijos como principales acusados por lavado de dinero. En concreto se acusa al constructor santacruceño de haber sacado más de 60 millones de dólares del país, de haber manejado los 5 millones de dólares que aparecen en una filmación en la financiera SGI y de haber blanqueado fondos mediante la compra de una estancia en Mendoza, un campo en Uruguay, un departamento en la Avenida Del Libertador, los gastos del casamiento de Leonardo Fariña y Karina Jelinek y la compra de vehículos de alta gama. La defensa de Báez, encabezada por Víctor Hortel, sostiene que el constructor ganó licitaciones de obra vial en Santa Cruz por 21 mil millones de pesos, que en una cotización promedio de la época significaron unos 4 mil millones de dólares, por lo cual no existiría ilegalidad en la cantidad de dinero que manejó y que aparece en esta causa: unos 100 millones de dólares. Según la acusación, ni el dinero enviado fuera del país ni las cuentas en Suiza estaban declarados y parte volvió para darle apariencia de legalidad.

La fiscalía del juicio, que estará a cargo de Abel Córdoba, así como las querellas, apunta a que el dinero efectivamente estaba vinculado con la concesión de obras públicas durante el kirchnerismo, pero con supuestos pagos irregulares. Lo que sucede es que ese punto, será eje de discusión en otro juicio oral que comenzará recién a fin de febrero. El empresario, también sostiene que la Justicia suiza dijo que ni las cuentas ni el dinero eran ilegales. En todo caso, bajo esa óptica, se lo podría acusar, como a muchos otros empresarios, de haber sacado parte del dinero del país cuando no se podía, que no es lo mismo que lavar. Báez afirma, además, que el dinero de la filmación en SGI eran fondos de un emprendimiento inmobiliario y se desliga de la compra de los campos y otros gastos realizados por Fariña. Habrá que ver qué pruebas sobre esa afirmación aparecen durante el debate oral. Todavía no está claro.

Sala

El juicio será multitudinario porque los acusados son 25, todos con uno o dos abogados. La imputación estará a cargo de Córdoba, serán querellantes la Oficina Anticorrupción, la AFIP y la Unidad de Información Financiera –tres entidades del Poder Ejecutivo– y los jueces del Tribunal Oral Federal 4 son Gabriela López Iñiguez, Néstor Costabel y Adriana Pallioti. Las audiencias se realizarán una vez por semana en la llamada Sala AMIA, es decir donde se realizó el juicio por el atentado.

En el banquillo estarán, además de Báez y sus cuatro hijos (Martín, Leandro, Luciana y Melina), el arrepentido Fariña, contadores, abogados, directivos de Austral Construcciones; Fabián Rossi, ex esposo de Ileana Calabró, quien supuestamente armó sociedades en Panamá, y Federico Elaskar, dueño de SGI.

Hipótesis

La base de la acusación es la hipótesis de que Lázaro Báez lavó dinero originado en corrupción en la construcción de rutas y autopistas en Santa Cruz, donde ganó 52 de 81 licitaciones llevadas a cabo. La defensa viene insistiendo en que el juicio no puede ni debe empezar porque Báez nunca fue condenado por la obra vial en Santa Cruz y el juicio recién comienza a finales de febrero de 2019.

En la fiscalía tienen otra postura respecto de la valoración sobre esos posibles “delitos precedentes”, que explicarían el origen negro del dinero: consideran que no se requiere ninguna condena, que con lo que existe en la causa de la obra vial es suficiente y las evidencias están en la elevación a juicio.

El tema será controvertido porque la causa 5048, es decir la de las rutas en Santa Cruz, se basa en un estudio realizado por Javier Iguacel, al mando de Vialidad Nacional cuando ya gobernaba Cambiemos, que concluye todo lo contrario respecto de las acusaciones: las obras se hicieron, no se cobró nada que no se hubiera hecho, se terminó la mayoría de lo contratado y que lo que no se contrató, no se pagó. El estudio de Cambiemos tampoco establece la existencia de sobreprecios. Todo esto estará en el centro del debate.

Suiza

En la elevación a juicio hecha por el juez federal Sebastián Casanello se hace eje en que todo el movimiento de fondos fue en negro y que se sacaron 60 millones de dólares al exterior, reingresándose mediante la compra de bonos cerca de 32 millones. Con el correr del tiempo se detectaron por lo menos cinco cuentas vinculadas a los hijos del empresario y a sociedades offshore, y siguieron apareciendo cuentas y sociedades vinculadas.

En la defensa de Báez dirán que, en todo caso, será un delito penal tributario, pero no lavado de dinero, y que es equiparable a la fuga de divisas que protagonizaron buena parte de los empresarios. Sin ir más lejos, la propia familia presidencial blanqueó fondos que había sacado al exterior.

La defensa de Baéz sostiene que no puede haber blanqueo respecto de la obra pública porque todo lo que se cobra está bancarizado, de manera que es dinero blanco, no negro. Las acusaciones dirán lo contrario y que –por ejemplo– una parte se escondió a través de facturas truchas en Bahía Blanca y distintas operaciones de evasión impositiva, maniobras por las que también hay otros expedientes en desarrollo.

Según la defensa de Báez, la Confederación Helvética libró un documento sosteniendo que no fueron ilegales ni las cuentas ni el dinero que hubo allí a nombre de sociedades de Báez, con sus hijos como beneficiarios, creadas en Panamá. La fiscalía en cambio sostuvo que los dólares se transportaron en aviones desde Santa Cruz, luego a Montevideo o Panamá y que eso evidencia el accionar de lavado. Habrá que ver si existe alguna prueba de esos movimientos.

Filmación

Uno de los temas más espinosos del juicio es la filmación en la financiera SGI, donde se ve a uno de los hijos de Báez y a otras personas contando 5.100.000 dólares.

El constructor afirma que ese dinero fue producto de la venta de terrenos de un complejo inmobiliario que armó en Tortuguitas, sobre la base de una propiedad comprada al colegio Northlands. La clave serán las pruebas que aparezcan en el juicio de uno y otro lado.

Estancias

Por último, la acusación por lavado de dinero tendrá otro punto fundamental en la compra de una estancia en Mendoza, un campo en Uruguay, un departamento en la Avenida Del Libertador, en CABA, los gastos del ostentoso casamiento Fariña-Jelinek y la compra de autos de alta gama.

Báez se desliga de estas operaciones. Afirma que el campo de Mendoza lo compró Fariña, que tampoco tiene nada que ver con la propiedad en Uruguay y con ninguna de las otras operaciones. Fariña fue condenado a cuatro años de prisión por la compra del campo en Mendoza, aparentemente en combinación con el empresario Juan Carlos Molinari, quien también le costeó la boda. Aún así, Fariña dijo que el dinero era de Báez. También el constructor se desliga del campo de Uruguay. Dice que no hay ningún documento ni a su nombre ni al de ningún integrante de la familia.

Batalla

La batalla del juicio se dará en otros terrenos adicionales. La defensa de Báez afirma que no puede hacerse este juicio sin que se resuelva la situación de Cristina Fernández de Kirchner, a quien también intentan imputar en esta causa. El juez Casanello no encontró vínculo alguno entre CFK y el constructor, pero la Cámara Federal lo obligó a citarla con el argumento de que Báez es testaferro de Cristina, pese a que en el expediente no había prueba de eso. “Si hay otro supuesto responsable, a quien ya indagaron, no puede ser que se haga el juicio, sin resolver su situación”, sostienen cerca de Hortel. La defensa considera que todo el expediente y el juicio tiene como objetivo apuntar contra CFK y que la acusación contra Báez es esencialmente política.

En ese mismo terreno, sostendrán en las audiencias que Báez y los otros detenidos son presos políticos.

Es probable que las querellas que dependen del Ejecutivo insistan en esa línea, pero es difícil que la fiscalía acompañe porque ya admitió que el eje de este proceso es determinar si Báez y varias personas vinculadas lavaron plata, pero no su carácter de supuesto testaferro. Incluso durante la instrucción de la causa, todo apuntaba a que los millones movilizados le pertenecen.

El juicio podría extenderse durante ocho meses o más. Habrá cerca de 90 testigos. Hoy se leerá la acusación, pero el TOF 4 deberá resolver algunas cuestiones, entre ellas la recusación de Báez contra el cuarto juez, Rodrigo Giménez Uriburu, que también está en el juicio de la obra pública.